Preocupa a rectores la Ley de Aguas

Por Agencia | El Universal
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Anuies

 

Fotografía | ANUIES Oficial

 

MÉXICO, D.F., marzo 17.- Rectores de las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM), de Guadalajara (UdG) y Autónoma Metropolitana (UAM) se pronunciaron porque en la iniciativa de Ley General de Aguas Nacionales, que se encuentra actualmente en la Cámara de Diputados, se realice un “debate amplio, plural e incluyente”. 

Expresaron su preocupación sobre el contenido de la iniciativa porque consideraron que penaliza la realización de proyectos de investigación, favorece la concentración innecesaria de información, dificulta la transparencia en la toma de decisiones y en la rendición de cuentas. 

En una carta firmada, el rector de la UNAM, José Narro Robles; Salvador Vega y León, de la UAM, y de Tonatiuh Bravo Padilla, de la Universidad de Guadalajara, los rectores dieron a conocer su postura ante la población y, al mismo tiempo, la enviaron a los diputados, senadores, a la comunidad universitaria y a la población. Los rectores pidieron un debate amplio, plural e incluyente en este complejo tema del agua que implica varios sectores del país. 

“Integrantes de nuestras comunidades han expresado su preocupación sobre algunos contenidos de la iniciativa que limitan el desarrollo de la investigación en la materia, que potencialmente penalizan la realización de proyectos de investigación, que favorecen la concentración innecesaria de información y que dificultan la transparencia en la toma de decisiones”, afirmaron los rectores. 

No obstante, reconocieron la decisión de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de diferir la discusión de la iniciativa de Ley General de Aguas luego de que ésta generara varias preocupaciones por parte de las organizaciones ambientales y civiles, así como de la comunidad universitaria y científica. 

Los académicos afirman que la ley propuesta por el gobierno federal criminaliza la investigación científica y toda forma de estudios, pues señalan que el Artículo 267 de dicha iniciativa permitirá a la Comisión Nacional de Agua (Conagua) sancionar a los personas que buscará realizar estudios y monitoreos. 

Por su parte, los representantes de organizaciones civiles y ambientales aseguran que la iniciativa legaliza la contaminación del agua ya que las normas actuales no incorporan la totalidad de los elementos para evaluar los impactos ambientales y señalaron que para asegurar los ecosistemas se requiere proteger la calidad natural del ciclo hidrológico. 

Según el dictamen, las concesiones para la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas se harán a través de la Conagua e irían de los cinco a 30 años, con una prórroga por el mismo número de años, por lo que expertos afirman que se trata de una privatización de este recurso, lo que va en contra de los derechos humanos. 


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