Paracaídas: Opacidad legislativa colimense

Por Rogelio Guedea
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En México existen 32 poderes legislativos locales y, según un informe reciente del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que los estudió detenidamente, es en estos entes del Estado donde existe –paradójicamente- uno de los mayores problemas de transparencia y rendición de cuentas del país, de ahí que IMCO se haya metido a analizar sin concesiones su situación. Como sabemos, la función del poder legislativo es presentar y aprobar leyes, vigilar el cumplimiento de otros poderes, ratificar nombramientos e iniciar juicio político contra aquellos servidores públicos que no hayan hecho bien su trabajo. En suma, su labor es defender el interés público. Es precisamente por su función, de algún modo, preservadora del interés público que pocas veces se les estudia y se les pide cuentas, y quizá por eso uno, al hacerlo, se da cuenta de la opacidad del manejo que hacen de los recursos públicos. El IMCO se dio a la tarea de estudiar a estos 32 Congresos estatales (haciendo cientos de gestiones y revisando una gruesa documentación) y dio con que había en México 1,125 diputados locales en nuestro país (que nos cuestan más de 12 mil millones de pesos anuales), los cuales han sido elegidos tomando en cuenta el número de habitantes de cada región, por lo que en Colima cada diputado representa en promedio a 29,429 habitantes, siendo de los que tienen menor número de representados. En su estudio, IMCO encontró que el nivel promedio de transparencia de los Congresos en el país es de 31%, pero que el de Colima y el de Guerrero, curiosamente los estados con mayor criminalidad en este momento, el nivel de transparencia de las finanzas legislativas es de 0%. Sí, 0%, lo que es alarmante para un Congreso que está precisamente llevando algunos juicios que tienen que ver con la transparencia de varias administraciones municipales y la pasada estatal. Asimismo, según el informe de IMCO, nuestro Congreso local se encuentra entre los que realizaron malas prácticas en sus funciones, como no transparentar sus gastos y compensaciones en tiempo y forma. El resumen final, pues, es que en los congresos locales, incluido el nuestro, persiste la opacidad legislativa, se incumple la Ley General de Contabilidad a pesar de ser sujetos obligados, se hace un manejo arbitrario en la asignación y ejecución de los recursos del legislativo, es cuestionable la función de contrapeso y fiscalización en varios congresos locales (el nuestro es uno de ellos, por cierto) y, además, que existen congresos que ejercen funciones que son propias del Ejecutivo. Si a esto aunamos que muchos de nuestros diputados en lugar de legislar sólo llevan a cabo labores asistenciales, funciones que demeritan en realidad la labor legislativa, entonces se hace urgente que se empiecen por redirigir estas torcidas prácticas en uno de los poderes que es crucial para la armonía y la paz de nuestra sociedad. Una mayor exigencia a la labor de nuestros congresistas, una petición de mayor nivel en sus funciones, sería lo mínimo que deberíamos pedirle los ciudadanos en una entidad que ha llegado a niveles de violencia e inseguridad que sólo el imperio de la Ley y la fortaleza de nuestro estado de Derecho puede, sin lugar a dudas, socavar.  

rguedea@hotmail.com

@rogelioguedea 

www.rogelioguedea.com 


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