PARACAÍDAS: Compraré un rifle

Por Rogelio Guedea
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El senador panista Jorge Luis Preciado desató hace poco una polémica insólita luego de presentar una iniciativa sobre portación de armas. En esta iniciativa, que tiene como fin reformar el artículo 10 constitucional, el excandidato a la gubernatura por Colima propuso que, en aras de proteger el patrimonio y la vida de los ciudadanos, estos pudieran tener armas en su negocio, domicilio o automóvil, lo anterior en virtud de los altos niveles de violencia a los que hemos llegado en nuestro país. Si bien hubo críticas negativas a nivel nacional sobre esta propuesta, las habidas en nuestra pequeña entidad fueron en su mayoría condenatorias y hasta sardónicas. ¿Cómo se atrevía el senador albiazul a proponer una iniciativa que propiciaba la guerra y no la paz? Actores políticos, articulistas y hasta funcionarios públicos tomaron una postura de rechazo sin, a mi juicio, darse la oportunidad de reflexionar sobre ella, pues ya sabemos lo fácil que es hablar sin pensar o, para el caso de los opinólogos, politizar un tema que impone un análisis más profundo. Veamos, pues, en unas cuantas líneas nuestra cruda realidad: en nuestro país, y Colima no es la excepción (y menos ahora que ocupa un primer lugar nacional en homicidios dolosos), la violencia está fuera de todo control. Hay crímenes (producto del narcotráfico, pero también de otras formas de delincuencia: secuestros, robos, etcétera) y el Estado ha fallado rotundamente en su contención. Si, como decía Hobbes, la función principal del Estado es mantener la paz y la armonía social y éste no puede conseguirlo, entonces estamos frente a un Estado fallido o ausente. ¿Quién puede entonces garantizarnos nuestra seguridad si el Estado, encargado de ello, es incapaz de hacerlo? La respuesta es sencilla: nosotros mismos. En Colima, para hablar de nuestra realidad presente, cualquier encuesta que se levante entre la población afectada por un robo, un secuestro o un crimen dará como resultado una respuesta simple: el Estado no funciona y la necesidad de la autoprotección no se hace necesaria, sino forzosa. ¿No han surgido ya aquí y allá mantas en donde las comunidades de vecinos, ante la ausencia de autoridad, han declarado tomarse la justicia por su propia mano para evitar ser víctimas de algún delito? Este derecho que tengo de proteger mi vida y la de los míos es parte de un derecho natural, divino, que tiene su arraigo en el espíritu mismo de las leyes. Montesquieu, por ejemplo, escribió: “la vida de los Estados es como la de los hombres, estos tienen el derecho de matar en los casos de defensa propia y aquellos lo tienen de guerrear por su propia conservación”.  Y luego, para los casos de defensa propia, agrega: “tengo el derecho natural de dar la muerte porque mi vida es mía, como la vida del que me ataca es suya; lo mismo hace la guerra al Estado, porque es justa su conservación como es legítima toda defensa”. Justiniano, en su Digesto de Derecho Romano, escribió: “aquello que el hombre hace para la preservación de su vida debe considerarse legal”. En las famosas Cartas de Catón, de los famosos abogados y escritores John Trenchard y Thomas Gordon, escriben que “las dos leyes más importantes de la sociedad humana, de las cuales derivan todas las obligaciones y derechos, son aquellas relacionadas con la equidad y la sobrevivencia. Por la primera, todos los hombres están impedidos a dañar a otro, por la segunda todos los hombres tienen el derecho a defenderse a sí mismos”. El planteamiento que me parece crucial de esta iniciativa no tiene que ver tanto, como podría pensarse, con la necesidad de que los ciudadanos mexicanos, dejados en el abandono por el Estado, puedan poseer una arma para repeler cualquier agresión a su persona o patrimonio, que se ha exacerbado en los últimos años, sino con la necesidad de que podamos entender de una vez por todas la ineficacia e ineptitud de nuestro estado y de nuestro sistema de leyes, que protege a delincuentes (incluidos políticos) y encierra a miles de inocentes, y la urgencia de transformarlo. No podemos, en un tema de esta envergadura (tal como lo ha sido el del aborto, los matrimonios gays, etcétera), ni salir a decir lo primero que se nos ocurra, ni decirlo tampoco para obtener dividendos políticos ni mucho menos decirlo para quedar bien con lo que creemos piensa la opinión pública al respecto. Sería bueno, por tanto, preguntarle a la población, sin sesgos políticos o conveniencias partidistas, qué piensan realmente sobre tener el derecho de poseer un arma en su negocio, casa o coche para su legítima defensa, cómo consideran la labor del Estado en su combate contra la inseguridad y qué sobre las reservas que debe tener la autoridad para la concesión de este derecho, porque tampoco se trata -¡por Dios!- de armar a un batallón de locos. Ya con los resultados en mano, entonces peguemos el grito en el cielo o actuemos en consecuencia. Y por favor: no pensemos como aquel que tiene una camioneta Yukon blindada y diez guaruras a su servicio, sino como ese ciudadano que fue asaltado en su negocio, baleado y enviado al hospital y ahora se debate entre la vida y la muerte, todo esto ante los ojos de una autoridad indiferente y, en el mejor de los casos, incompetente.

 


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