Hasta la victoria: “Guillotina sin filo”

Por Francisco Rodríguez
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La corrupción será uno de los grandes temas electorales para el 2018. Y bien lo sabe el PRI porque quiere salpicar a todos los partidos a como de lugar pero los Duarte, Moreira y la Casa Blanca ya los etiquetó como el partido más corrupto en el poder, por los siglos de los siglos. Revisión de las cuentas públicas que se hace, cloaca que se destapa.

Veamos, por corrupción se entiende a todo acto de solicitar, aceptar, ofrecer, dar un bien o servicio producto de un acto ilegal. Es decir la mordida o el moche entre el ciudadano y servidor público. Al respecto, la encuesta del Inegi sobre “Calidad regulatoria e impacto gubernamental”, estima que los costos por éste tipo de actos de corrupción que pagaron las empresas por diversos trámites ascendieron a 1,600 millones de pesos en el 2016, un 31% con gestiones de licencias o permisos, pero que el 93% de las víctimas de corrupción no denuncian. Aquí cabe bien la frase de que el pueblo tiene el gobierno que merece. La no denuncia o el dar la mordida hace cómplice al ciudadano con su gobierno corrupto.

Otro aspecto de la corrupción es el aprovechamiento indebido para beneficio personal de un cargo público. Miles de auditorías se aplican al año y millones de pesos se nos van en la vigilancia de los recursos públicos. Tan sólo en el 2016 se aplicaron 9,217 auditorías a las administraciones públicas estatales a nivel nacional. En Colima bajamos el número de revisiones de 1,288 en el 2012 a 303 en el 2014. Pero ¿de qué sirve la cantidad sino hay eficacia? y ¿cuántos funcionarios están detenidos por las anomalías detectadas? La tasa de incidencia de la corrupción habla por sí sola, a nivel nacional 30,097 ciudadanos por cada 100 mil y en Colima 9,230 por cada 100 mil. O bien, 1 de cada 10 colimenses han sido víctimas o cómplices en actos de corrupción.

La ineficacia de las auditorías es notoria, por más esfuerzo de profesionalismo que el órgano fiscalizador le imprima a su labor, es en las cámaras legislativas donde se ve bloqueado, negociado o cambiado el sentido de sus dictámenes. Y en otros casos, los expedientes son enviados a la congeladora o resueltos con vicios legales que facilitan los amparos. La 58 Legislatura llegó con las más grandes expectativas en la historia del Congreso de Colima. Por primera vez en manos de la oposición y con presuntos desfalcos por el PRI Gobierno. Pero ¿por qué no han avanzado las sendas auditorías que el Osafig ha presentado? Porque en política lo que se compra con dinero sale barato y a varios diputados les llegan a su precio.

El letargo legislativo huele a modorra pactada, a impunidad convenida entre los gobernadores priistas. Son tres los informes del año 2016 de la revisión a las cuentas públicas del Ejecutivo del Estado. La primera con fecha 28 de septiembre al ejercicio fiscal 2015. La segunda una auditoría excepcional con fecha 03 de junio al crédito de 638 millones de pesos. Y la tercera otra auditoría excepcional con fecha 21 de octubre a los ejercicios presupuestales 2013, 2014 hasta el 31 de agosto de 2015. Con propuestas de sanciones millonarias y decenas de años por inhabilitación pero sin dictaminarse por la comisión de responsabilidades.

La ineficacia de estas auditorías, hasta el momento, sólo han servido de circo mediático e inclusive de violación a la presunción de inocencia de los inculpados. En la primera auditoría del 28 de septiembre de 2016 se le imputa al ex gober ausente Mario Anguiano el desvío de 66.8 millones y se propone inhabilitarlo por 14 años, junto su ex secretaria de finanzas y otros funcionarios. Aquí el Osafig detectó la simulación de contratar al despacho CYPEC de Monclova, Coahuila para la compra de un sistema de armonización contable.

El órgano auditor detectó que la empresa no existe, que utilizaron a trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública como apoderados legales de tal empresa fantasma para cobrar los cheques o recibir las trasferencias millonarias por tal servicio. Tan solo uno de los trabajadores con plaza de jefe de departamento de dicha institución de seguridad, recibió 35.5 millones de pesos en 23 cheques en 12 días entre los meses de mayo y junio de 2015. En este litigio, apenas el pasado lunes de 3 julio la Comisión de Responsabilidades, después de 7 de meses de recibir el dictamen, empezó a notificar a los inculpados para su defensa de ley. ¿Contubernios o lentitud procesal? Para el caso es el mismo.

En la segunda auditoría al crédito de 638 millones de pesos, se propone sancionar al ex gober ausente por esa cantidad más 69 millones de pesos extras así como otros 14 años de inhabilitación. La gravedad del asunto fue simular el pago de un crédito a corto plazo en diciembre de 2014 para la supuesta compra de un terreno con valor de 478 millones de pesos que nunca se realizó. Se adjuntan a las sanciones la ex secretaria de finanzas (Isabel Avalos) y el secretario general de gobierno (Rafael Gutiérrez). Y la tercera auditoría también excepcional a los presupuestos 2013, 2014 y hasta agosto de 2015, se le imputan desvíos de recursos de nómina y de obra pública por 1,867 millones de pesos, más otros 45 millones extras por otras incorrectas aplicaciones del presupuesto.

En total, el ex gober ausente trae una lista de condena de 42 años de inhabilitación y más de 2,525 millones de pesos. Pero una guillotina sin filo, de éste tamaño, de poco o nada sirve. El ex gober sabe que su carrera política ha terminado y, si es cierto que se robó todo ese dinero, tiene de sobra para defenderse y vivir sin preocupaciones el resto de su vida. Pero además, resulta sospechosa la tardanza de los diputados, la PGJ, la PGR, el Gober con record guinness en ceviches  y hasta el mismo gobierno federal para dejarle caer el peso de la ley. A pesar que la deuda paso de 853 millones en 2010 a 2,805 en 2015. Y los créditos a corto plazo de 276 a 1,025 millones de pesos.

La guillotina sin filo puede ser un convenio de impunidad que en letras grandes,  no pequeñas, legiblemente se lee que “no habrá daño ni perjuicio” contra el ex gober ausente y sus funcionarios, de lo contrario la cloaca se destapará aún más llegando a oler hasta la casona de Galván donde a veces pernocta el gober inquilino en turno. Porque hay un crédito que gestionó Mario pero se lo gastó Nacho. Y dicen hay videos donde Mario le dio recursos para su fatídica campaña. 

Para los priistas sus corruptos gobernadores viven hasta que quiere el Presidente o hasta que se convierte en una amenaza electoral. Mientras justos y pecadores pueden vivir y convivir tranquilos, salir en cabalgatas, asistir a graduaciones o fiestas de comunidades. Mientras la guillotina esté sin filo, a los corruptos en México las auditorías les hacen lo que el viento a Juárez. 


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