Estación Sufragio: Una suspensión no se le niega a nadie

Por Adalberto Carvajal
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Adalberto

Aunque la ejecutó el Congreso, la sanción a Mendoza es una acción del régimen de JIPS. La estrategia, sin embargo, es del primo...

Ya saben lo que dicen los abogados: un vaso de agua, una suspensión provisional y una co… mida, a nadie se le niegan.

La mayoría de los medios leyeron la suspensión provisional que el juzgado segundo de distrito otorgó a Rafael Mendoza, como si el alcalde de Cuauhtémoc simplemente hubiese ganado de tiempo.

 Pero, ¿y si finalmente la justicia federal acaba amparando al edil panista contra actos de la Comisión de Responsabilidades del Congreso de Colima, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y del cabildo de esa municipalidad, que decretaron, confirmaron y ejecutaron la separación del cargo que ocupa Mendoza Godínez?

Dado el sesgo informativo que ha golpeado a Mendoza, por parte de una prensa que ya sentenció al presidente municipal, y a la falta de claridad en la expresión que caracteriza a los cuadros del blanquiazul, me atengo a lo que la cúpula del PAN hizo público en un comunicado:

Acompañados del interesado, la coordinadora jurídica del CDE, Isis Carmen Llerenas Sánchez, y de las regidoras del ayuntamiento de Cuauhtémoc, el presidente del Partido Acción Nacional en el estado, Enrique Michel Ruiz, y el secretario general del comité directivo, Víctor Manuel Torres Herrera, reconocieron que se le otorgara esta suspensión provisional a Rafael Mendoza “puesto que el presidente no ha cometido ningún acto que vaya en contra de los ciudadanos de Cuauhtémoc, sino todo lo contrario: ha estado trabajando arduamente, comprometido con su municipio y con su gente”.

Michel Ruiz, dos veces candidato a la Gubernatura y ex alcalde de Colima, invitó a los medios de comunicación para que informen a los cuauhtemenses sobre la situación actual de su alcalde, en el sentido que sigue al frente de la administración, despachando en las oficinas del Ayuntamiento.

La abogada del Partido reconoció que se trata de una suspensión provisional, no de un amparo de la justicia federal, aun cuando dicha figura de protección temporal tiene efectos para cualquier sanción como la que estableció el Congreso local (bendijo el STJE) y ejecutó el Cabildo.

Rafael Mendoza señaló, por su parte, que no se le ha notificado personalmente para que acuda a tribunal alguno. Por cierto, en los círculos políticos se comenta que la separación del cargo tenía que hacerla efectiva el Tribunal Electoral, cuando recibiera de vuelta el expediente del juicio político. El Congreso, por lo visto, adelantó vísperas.

Como sus compañeros en la mesa de esta rueda de prensa, el Alcalde no se salió del guión. Reiteró que lo que obtuvo es una suspensión provisional, curándose en salud a un eventual reclamo por celebrar un triunfo anticipado en este juicio político que le inició el Congreso como respuesta a la sentencia que dictó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, encontrándolo responsable de parcialidad en el proceso electoral extraordinario de Gobernador, obviamente a favor del candidato del PAN, Jorge Luis Preciado.

Quizá debí decir, obviamente no a favor del candidato del PRI, José Ignacio Peralta Sánchez, cuyo gobierno se ve ensombrecido por lo que se mira, desde cierta perspectiva, como una venganza política.

Desde la otra orilla, también es cierto, se ve la destitución e inhabilitación de Rafael Mendoza como manotazo en la mesa, una demostración de la fuerza que está concentrando el titular del Poder Ejecutivo como jefe político de la entidad a un año de gobierno y pese a no haber podido enjuiciar a su antecesor Mario Anguiano; como un contragolpe tras haber hecho un cambio significativo en su gabinete (removiendo al ex rector de la UdeC, Carlos Salazar, de la Secretaría de Salud) y haberse desembarazado del ex gobernador Fernando Moreno, que le hacía sombra.

Sin embargo, para que esta (auto) afirmación del régimen de Peralta Sánchez funcione, es necesario que la sanción a Mendoza (y la que ya anunció Riult Rivera en contra del edil de Tecomán, Lupillo García Negrete, por similares motivos) se sostenga. Si se cae, la administración de Nacho sufrirá un revés imagológico (es decir, en su imagen pública) con resultados contraproducentes y todavía incalculables.

Es el problema —me dice un analista político de aguda visión— de que el gobernador Ignacio Peralta haya hecho suya la agenda de una de las facciones del panismo en Colima: la que encabeza su primo Pedro Peralta Rivas, y a la cual pertenecen los tres diputados del blanquiazul que votaron a favor del dictamen para destituir e inhabilitar a Mendoza.

Tanto el dirigente estatal del PRI, Rogelio Rueda, como el coordinador de los diputados del tricolor, Federico Rangel, han invertido tiempo y declaraciones en demostrar que la sanción contra el munícipe se ejecutó en el ámbito del Congreso y el Ayuntamiento, y que es una acción del Poder Legislativo, no del Ejecutivo. 

Pero nos engañaríamos al negar que el dudoso mérito (por antidemocrático y revanchista, aunque eso sí, muy legal) de hacer una purga de los alcaldes que simpatizaron con el senador Preciado, quien opuso una feroz resistencia al arribo de JIPS a Palacio, le corresponde al régimen de Ignacio Peralta.

Es el Ejecutivo quien, de acuerdo a la tradición política y la costumbre del poder en México, pagará con cargo a su legitimidad los costos políticos de la maniobra, pero también podría, en abono a su gobernabilidad, beneficiarse de la acción. 

Sin embargo, el analista al que me refiero y cuyo nombre me guardo porque no pedí autorización para citarlo, amén que lo hago de memoria, sostiene que no es de Nacho la estrategia sino de la facción peraltista del panismo colimense.

Pedro Peralta no sólo está buscando empatar los cartones por el gol que le anotó el grupo de Jorge Luis al quedarse con la dirigencia estatal, sino también comerle dos alfiles al senador Preciado (Mendoza y Lupillo) en el ajedrez político hacia 2018.

El juego en el que participan los panistas de Colima es de la liga nacional, poco tiene que ver con ajustes de cuentas de las elecciones generales de 2015 o la extraordinaria para Gobernador de 2016, sino con la presidencial de 2018.

Hay que reconocerle a Peralta Rivas su olfato para detectar que en los comicios presidenciales del año próximo, donde el dilema político será votar o no por López Obrador, el PAN lleva mano en el acuerdo tácito con el PRI de hacer un frente unido en defensa del neoliberalismo. El candidato oficial sería del blanquiazul y la postulación priista meramente testimonial.

Y esos acuerdos tendrán que aterrizarse en los estados a través de asociaciones como la que se da entre el más priista de los panistas, como lo bautizó José Luis Santana, y lo que pudiera ser el gobierno priista más panista de la historia. 

Es una jugada arriesgada. Por lo pronto, Pedro le acaba de dar argumentos a Jorge Luis Preciado para acelerar la expulsión de Acción Nacional de todos los peraltistas.

Mi correo: carvajalberber@gmail.com. También puede leer esta columna en el sitio web de Carvajal Berber

 


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