Estación Sufragio: Si no hay helicóptero, al menos drones

Por Adalberto Carvajal
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Adal

Con la muerte del muchacho de las flores pareciera que perdimos la capacidad de asombro e indignación.

Seguramente no es la primera víctima de una bala perdida, pero la muerte de un joven la víspera del día de las madres, en las inmediaciones del mercado Obregón, debió indignar a la sociedad colimense.

Se cumplió la predicción que entre otros muchos habíamos formulado en las redes sociales: un día la violencia desatada por los cárteles del narcotráfico que se disputan la plaza de Colima, va a alcanzar a gente que nada tiene que ver con las actividades delictivas.

Y, en efecto, llegó el momento en el que ya no podemos decir que los fallecidos o desaparecidos se buscaron tan negra suerte al relacionarse con el negocio, así sea como consumidores de enervantes.

Con todo, la muerte de este muchacho ocurre cuando la opinión pública parece haber perdido su capacidad de asombro e indignación.

Algunos medios elaboraron notas de color con la historia de un joven que vendía flores para ayudar a los gastos de su casa, y se le presentó como un deportista ejemplar. Pero de las fuerzas políticas (ni siquiera la oposición) o las organizaciones ciudadanas hubo declaraciones para exigir un alto a la inseguridad e impunidad que se vive en las calles de nuestras ciudades o pueblos.

No ha habido marchas ni manifestaciones, tampoco alguien que tomara el Congreso o la Procuraduría. Y eso que el atentado que costó dos vidas (la acompañante del presunto blanco y un inocente) ocurrió un día antes de la visita del presidente Peña a Colima.

Las autoridades se acusan mutuamente de ineficiencia y, en respuesta, demandan corresponsabilidad. Lo cierto es que todo el aparato de seguridad, en su dimensión federal, estatal y municipal, es ineficiente.

Tecomán fue prácticamente tomada por la Policía Militar durante semanas, pero eso no impidió que siguieran matando gente a escasas cuadras de donde se instalaban los retenes. Y aun cuando en esa cabecera disminuyeron los homicidios, en esos mismos días aumentaron las ejecuciones en Manzanillo.

Los sicarios pueden moverse por la zona urbana, en motocicleta o automóvil, acribillar a una persona y huir sin que patrullas ni cámaras de seguridad siquiera los vean pasar. Pese a su utilidad para la vigilancia área, ya se anunció que van a vender el helicóptero que se compró el sexenio pasado… a precio inflado.

Si bien este aparato no hubiera podido realizar las labores de rescate o traslados de emergencia que nos aseguraron podía hacer, y con lo cual se quiso justificar que se haya pagado un equipamiento extra que literalmente duplicó el precio de la nave, resultaba de gran utilidad en una persecución. Para sustituirlo, por lo menos deberían comprar drones.

Ya hemos señalado el absurdo de querer mantener al sistema de inteligencia estatal ciego y sordo. Hay tecnología disponible hasta para leer las mentes (exagero, claro, sin embargo bien que se han usado gadgets para escuchar conversaciones telefónicas de opositores políticos), pero en Colima la vigilancia de los grupos criminales se realiza a la antigüita. Y ni eso.

Por ejemplo, colocaron narcomantas a una cuadra del C-4 y a la misma distancia de Casa de Gobierno, pero ninguna cámara pudo captar una imagen clara de quiénes las pusieron.

Aquí nadie podría decir: “la policía siempre en vigilia”. Ni la gendarmería de la policía federal, ni la policía estatal preventiva o la de procuración de justicia, mucho menos las policías municipales o agrupaciones de seguridad ciudadana como la que hay en la capital demuestran que hagan labor de inteligencia o vigilancia sistemática.

Pareciera que el patrullaje de las fuerzas armadas se organiza para apantallar (o intimidar a la población civil), no para disuadir a potenciales delincuentes. Las corporaciones del estado no investigan la mayoría de los homicidios. Y los policías municipales no denuncian lo que ven ni reportan lo que la ciudadanía les confía.

En ese aspecto, a nivel federal hay recursos para que los ayuntamientos, el orden de gobierno más cercano a la población, desplieguen campañas de prevención del delito y otras acciones destinadas a reparar el tejido social que, en pocas palabras, tienen como propósito saber qué está pasando con la gente.

Nadie les pide a los agentes de la ley que adivinen dónde y a qué hora se cometerá la siguiente ejecución. Pero es el colmo que los investigadores no conozcan los lugares más probables donde está la guarida de los malhechores. No los agarran ni por equivocación.

BECA DE TITULACIÓN:

Como una de mis sobrinas que se acaba de licenciar en Mercadotecnia, más de cinco mil egresados de carreras universitarias y posgrados en los diferentes instituciones de educación superior del estado se beneficiarán de la beca de titulación.

El apoyo económico abarca la mitad de los aranceles (unos 3 mil 500 pesos aproximadamente para licenciatura). Y los 9 y medio millones de pesos que se presupuestan para este subsidio alcanzarán para resarcir también el 50 por ciento de los gastos que hicieron quienes tramitaron su título profesional el año pasado.

Este apoyo es una prestación social que se suspendió en la última parte de la administración de Mario Anguiano y, aunque parezca que no, pagar los 7 mil pesos desalentaba a muchos jóvenes (y a sus familias) para obtener el grado.

Por lo demás, hay que reconocer a la Universidad de Colima que ya no exija a quienes se titulan con tesis presentar tres tantos del documento impreso, ahora basta con entregarlo en soporte digital. Mal negocio para las copiadoras.

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna también se puede leer en: www.aacb2.com.


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