Estación Sufragio: Legal, pero costosa políticamente.

Por Adalberto Carvajal
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      Perfectamente enmarcado en los aspectos legales, la destitución del alcalde de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza Godínez, no deja de ser un asunto político. Por más que invoquen una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el juicio –como lo indica su nombre- es político.

     Y un juicio político conlleva la voluntad política de contrariar a los electores de Cuauhtémoc que pusieron a Mendoza en la presidencia municipal. Eso implica que los costos políticos serán para el régimen que encabeza Ignacio Peralta. Pero también que los beneficios electorales que este golpe político genere con vistas a los comicios de 2018, podrían ser capitalizados por el partido en el gobierno –suponiendo que éste es el PRI.

     Rogelio Rueda, dirigente estatal del tricolor, y Federico Rangel, coordinador de la bancada priista en el Congreso local, han demostrado las determinaciones jurídicas que llevaron a sancionar al edil por haber realizado actos de proselitismo a favor del candidato del PAN (Jorge Luis Preciado) en la elección extraordinaria de gobernador. Pero tendrían que reconocer también que hubo voluntad política para hacerlo.

      Voluntad política que, cabe decir, no tuvo el Partido Acción Nacional cuando era mayoría en el Congreso y controlaba todas las comisiones, incluida la de Responsabilidades donde los diputados del blanquiazul iniciaron la secuencia de acontecimientos que redundarían en la destitución de Rafael Mendoza.

     Por una mala asesoría jurídica (ofrecida por abogados que durante toda su vida profesional habían fungido como consejeros legales del PRI), en lugar de acatar la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que consideró al munícipe culpable de violar el principio de imparcialidad y turnó su caso a la Legislatura para que lo castigara, la diputación panista decidió iniciar al alcalde un juicio político cuando simplemente pudo haberlo amonestado públicamente.

     Voluntad política para sacar a Mendoza del Palacio Municipal es la que manifestó la mayoría oficialista (integrada por los diputados del PRI, los legisladores del Verde y Nueva Alianza, más los tres independientes que antes alineaban con la bancada del PAN, y cuya cooptación fue resultado de una ¡operación política!) al interpretar la ley y optar por un criterio local que manda destitución inmediata, cuando podrían haber remitido el asunto al TEPJF, y que la remoción del alcalde fuera efectiva hasta que ese tribunal cerrara el caso, según el criterio federal.

     A los priistas probablemente les preocupó la posibilidad de que los magistrados electorales tardaran muchos días en revisar el expediente, al ser un asunto de trámite. Y que el proceso contra Mendoza se extendiera más allá del 10 de marzo, cuando se habría cumplido un año de iniciado el juicio político y, en ese momento, las sanciones quedaran sin efecto.

     El PRI juega con los tiempos y con la inercia. Calcula que para 2018 ya se habrá olvidado el tema o, por lo menos, se habrán apaciguado los ánimos. Y se va con la aviada, como decimos en Colima, de un juicio político que por torpeza iniciaron los propios panistas en contra de uno de sus alcaldes.

     Aunque no debemos ignorar que fue el PRI quien presentó las denuncias contra Mendoza por participar en la campaña de Preciado. Y que, aun cuando el edil tenía en esos momentos una licencia para separarse del cargo, los abogados del tricolor demostraron que, en ese mismo periodo, para otros menesteres actuaba como presidente municipal en funciones.

     Ejercer la voluntad política de castigar a un alcalde de la oposición tendrá costos políticos. Los más obvios se vieron el mismo sábado cuando el senador Jorge Luis Preciado y los cuadros del PAN que antes no hicieron mayor cosa por Rafael Mendoza, más allá de esperar que los priistas no remataran de cabeza la pelota que les estaba poniendo para gol, tomaron la carretera en protesta por lo sucedido en Palacio Legislativo. 

     El PRI de Ignacio Peralta (y el propio Rogelio Rueda que en aquel entonces era secretario general de Gobierno) tendría que haber aprendido del PRI de Mario Anguiano, cuando sufrió un revés por pretender sancionar a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Indira Vizcaíno (ironías de la vida, hoy secretaria de Desarrollo Social del gobierno del estado), porque en una amplia interpretación de las reformas constitucionales y violando el obsoleto código civil, casó a parejas del mismo sexo.

     El asunto de las bodas gais fue tema nacional y la edil perredista de Cuauhtémoc se volvió una figura reconocida más allá del estado. A eso apunta Rafael Mendoza quien, como Indira en su tiempo, no llegará a las primeras planas solamente como un munícipe perseguido por ser de oposición, sino con el antecedente de haberse enfrentado al gobernador en el contexto del aumento a las gasolinas. 

     (Más ironías, como diputado ciudadano de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza rompió con el PRD que le prestó su registro porque no estaba de acuerdo con los matrimonios igualitarios. En realidad, fue un pretexto porque aspiraba a la alcaldía y sabía que Indira Vizcaíno impulsaba a otra persona).

     El numerito que hizo en diciembre el alcalde Mendoza afuera de las oficinas del SAT podría haberlo dejado en el ridículo por oponerse a lo inevitable, el aumento a las gasolinas bajo un esquema de liberalización de precios, de no haber sido porque el gobierno de Peña Nieto terminó reconociendo que un ajuste brutal en los costos de los combustibles mermó la popularidad del Presidente, obligando a su administración a rebajar los precios en unos centavos, en lugar de decretar el segundo aumento que ya tenían programado para hace unos días.

     No faltará quién vea en la destitución de Rafael Mendoza no necesariamente el castigo a un alcalde por apoyar al candidato de su partido, sino la represión a un pionero en la lucha contra el alza indiscriminada en los precios de los combustibles.

     En contraparte, esto supone algunas ventajas políticas y sobre todo electorales para el gobierno de Ignacio Peralta. Con semejante golpe de timón, JIPS manda distintos mensajes a diferentes destinatarios:

     Al senador Jorge Luis Preciado, para empezar, líder moral del PAN, en el sentido que no le permitirán jugar con las ambigüedades de la ley y aprovecharse de ellas en 2018;

     Al propio gobierno federal, con la cabeza de quien se burló de Peña Nieto;

     Y a la clase política en general que lo cuestionaba respecto a su habilidad de usar las estructuras del poder (el PRI, sus partidos satélites y el Congreso) para imponer su autoridad.

     Espero que en el horizonte de expectativas del gobierno estatal haya propósitos más elevados para aplastar la voluntad popular que hizo a Mendoza presidente municipal de Cuauhtémoc, que simplemente allanarle el camino a la alcaldía al diputado priista Octavio Tintos.

 

  Mi correo: carvajalberber@gmail.com. También puede leer esta columna en el sitio web de Carvajal Berber

 


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