Estación Sufragio: JIPS pedirá auditoría a pensiones.

Por Adalberto Carvajal
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El magisterio estatal y los burócratas no perderían lo mismo con una nueva Ley de Pensiones que privilegie las finanzas públicas pero ignore las conquistas sindicales.

Según el Art.17 de la Ley de Pensiones aprobada el 28 de diciembre de 1962, el gobierno del estado, los organismos descentralizados y los ayuntamientos que fungen como patrones de la burocracia amparada por esta norma, deben aportar el dos y medio por ciento de las percepciones de los trabajadores, no el uno por ciento como señalamos aquí.

 

Pero el artículo 2 transitorio establece que en tanto el Estado cubra el importe de las pensiones, su aportación será nada más del uno por ciento. Pese a todo, esta aportación es, al parecer, la que no se entrega a la Dirección de Pensiones.

 

Se asienta la duda porque, en efecto, nadie sabe qué ocurre con los recursos que debieran conformar el fondo de pensiones, y con cargo en el cual se deberían ya estar pagando las jubilaciones de los trabajadores que han pasado al retiro porque, de seguir la tendencia actual, muy pronto la nómina por servicios personales del gobierno estatal y los municipales, además de organismos descentralizados como son los prestadores del servicio de agua, la procesadora municipal de carne o los DIF, estará compuesta por más trabajadores pensionados y jubilados que en activo.

 

Por eso, aun cuando difieren en otros aspectos de la relación laboral, el gobernador Ignacio Peralta coincidió ayer con el líder del STSGE, Martín Flores Castañeda, al decir que es necesaria y, de hecho, pedirá una auditoría a Pensiones Civiles del Estado.

 

“No tengo ningún inconveniente en que la auditoría se haga inmediatamente –cita AF Medios unas declaraciones del mandatario colimense–, se puede hacer el día de hoy, va a tomar tiempo entregar los resultados, pero lo importante no es sólo saber dónde estamos sino hacia dónde vamos y para ello requerimos la reforma” de esa Dirección de Pensiones.

 

Peralta Sánchez descartó tácitamente que se vaya a pedir una auditoría externa (Nada de Pricewaterhousecoopers). Aclaró que solicitará la revisión al Congreso local, pues del Poder Legislativo depende el Osafig.

 

Insistió en que además de conocer la situación financiera actual del sistema de pensiones, se deben reformar las leyes que lo regulan pues, de continuar como hasta ahora, la tesorería estatal colapsaría.

 

“El modelo que se diseñó hace más de 50 años está agotado” y ha generado tanto desequilibrio y problemas financieros que no es viable pensar que ese modelo pudiera seguir en un futuro: “definitivamente va a colapsar las administraciones y quebrar el sistema de pensiones”.

 

“Es fundamental una reforma que permita modernizar y llevar a la vanguardia este tema porque de ahí deben depender los trabajadores jubilados y pensionados del gobierno del estado, los ayuntamientos y organismos descentralizados”, estableció José Ignacio Peralta según la transcripción de Alejandra Aréchiga.

 

Ahora bien, esta reforma no puede partir de borrón y cuenta nueva. No puede ocurrir lo que pasó en la Universidad de Colima donde ya nadie preguntó qué pasó con el fideicomiso que dejó establecido el rector Humberto Silva Ochoa al concluir su gestión, como capital inicial del Fondo Social de Apoyo al Pensionado (Fosap) que suponía para los trabajadores de la casa de estudios una tercera pensión, adicional a la que empiezan a recibir de la institución al momento de jubilarse y extra a la que recibirán del Seguro Social cuando cumplan la edad establecida (60 o 65 años, según la ley que los ampara).

 

Después de la polémica generada por la desaparición del Fosap, los universitarios tuvieron que aceptar la versión de que los recursos de este fideicomiso están comprendidos en el actual fondo de pensiones, que intencionadamente fue llamado también Fosap aunque se trata de un fideicomiso completamente distinto, establecido a iniciativa de la SEP cuando el gobierno federal empezó a tomar acciones para evitar el colapso financiero de las universidades públicas que, en su mayoría, como ocurre con el gobierno estatal, pagaban y algunas siguen pagando con cargo a la nómina las pensiones de sus trabajadores en retiro.

 

¿Cómo debe hacerse, pues, la reforma del sistema de pensiones? La pregunta divide a la sociedad, los partidos políticos y a los mismos sindicatos. Fracturó de hecho a la burocracia que, de estar aglutinada en una sola Unión de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados, hoy tiene a algunas de esas organizaciones gremiales integradas en una Federación de Sindicatos.

 

La Ley de Pensiones, por lo demás, protege a dos tipos de trabajador público en Colima: los maestros al servicio del estado y los servidores públicos sindicalizados (aunque Colima es uno de los pocos estados, cuando no el único, donde un mismo sindicato, el que encabeza Martín Flores, representa los intereses de los trabajadores de los tres poderes del estado: el Legislativo y el Judicial además del Ejecutivo).

 

Y una eventual reforma será peleada en forma dispareja, porque el magisterio estatal y los burócratas no perderían lo mismo con una nueva ley que privilegie la salud financiera del gobierno e ignore las conquistas sindicales de los trabajadores.

 

Se dice que la reforma ya se hubiera realizado hace dos o tres sexenios, pero cada intentona chocó fundamentalmente con los intereses de la sección 39 del SNTE. La prestación específica que los maestros del estado tienen y de la que no gozan los otros trabajadores al servicio del gobierno del estado, es el servicio médico particular, auténtica letra muerta desde que la deuda con los médicos que aceptan el convenio con Pensiones alcanzó tal monto que los facultativos dejaron de recibir a esos pacientes, como prestación incumplida también es la farmacia.

 

La otra gran disparidad entre el magisterio estatal y los burócratas son los montos de las jubilaciones. Una inminente reforma al sistema de pensiones es tan temida por los maestros que muchos han decidido pensionarse aun sin tener los años cumplidos, para asegurarse de que no se irán a retiro con un tope máximo en las jubilaciones, similar al que el ISSSTE les impuso a los sindicalizados de la sección 6 del SNTE.

 


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