Estación Sufragio: El paradero de Duarte era tan ovbio...

Por Adalberto Carvajal
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Lo que sorprendería es que el electorado aceptará estas cabezas como una prueba de la recién descubierta honorabilidad priista.

Desde hace 11 años, al menos 20 gobernadores de estados mexicanos han sido investigados o están prófugos de la justicia (las cuentas son de El País). Sólo unos pocos han sido detenidos pero, en una semana, la administración de Enrique Peña Nieto se anotó dos tantos.

 

Gracias a la cooperación de los respectivos gobiernos, se logró la captura en Italia del ex mandatario tamaulipeco Tomás Yarrington, quien era buscado desde 2012, y en Guatemala de Javier Duarte de Ochoa, ex titular del poder ejecutivo en Veracruz, quien llevaba seis meses “a salto de mata” luego que el 12 de octubre de 2016, a semanas de concluir su periodo, solicitara licencia para separarse del cargo y “limpiar” su nombre.

 

Desde que se difundió la primera aprehensión y sobre todo después que se conoció lo de Duarte, en las redes sociales de Colima surgieron especulaciones respecto a la suerte de Mario Anguiano. Hubo quién lanzó ingenuamente la pregunta: ¿cuándo detendrán al ex gobernador de Colima? Y quién lo exigió como un acto de justicia.

 

Sin embargo, aunque el gobierno de Ignacio Peralta ordenó una auditoría externa y hay otra en proceso a cargo del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) que daría pie al Congreso del Estado para proceder en contra de Mario, ya sabemos que en este país el único que persigue a los gobernadores es el Presidente de la República y, hasta el momento, el expediente de Anguiano Moreno no figura en la agenda federal.

 

Tal vez enjuiciar políticamente a MAM haya sido (sospecho que ya dejó de ser) una prioridad dentro de una estrategia de legitimación del régimen peraltista, pero está claro que no es prioritario para el Gobierno de la República. Y menos cuando, según los propios funcionarios de la administración estatal, Mario cuenta con la protección del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

 

Antes de sumar un nombre a la larga lista de gobernadores corruptos, la administración Peña Nieto tiene cuentas pendientes de ajustar con otros ex mandatarios que no sólo causaron un daño patrimonial muy superior al que generó Anguiano en Colima, sino cuya detención produciría mayores dividendos políticos.

 

Porque nadie discute que la defenestración de Yarrington y Duarte, junto a la eventual captura de otro priista que en su momento fue insigne, César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, obedece a dos factores: la presión de Estados Unidos y la necesidad de revertir el descrédito que el Partido Revolucionario Institucional acumula.

 

De hecho, lo que busca el PRI bajo la dirección de Enrique Ochoa Reza es convertir su nueva cruzada contra la corrupción en un valor electoral, con miras a los comicios de gobernador este año en entidades como el estado de México, Nayarit o Coahuila, y las elecciones generales de 2018.

 

Hay quien llama pragmatismo a lo que otros describen como cinismo. No extraña el descaro de la cúpula priista al celebrar la captura (y hasta felicitar por ello a la PGR) de ex gobernadores que primero fueron elogiados como cuadros del Partido. El tricolor expulsó de sus filas a militantes que antes fueron considerados tan distinguidos como para merecer una candidatura. Lo que sorprendería es que el electorado aceptará estas cabezas como una prueba de la recién descubierta honorabilidad priista.

 

Yarrington es uno más en la dinastía tricolor de gobernadores de Tamaulipas vinculados al narcotráfico. Mandatario estatal entre 1999 y 2004, fue sucesor de Manuel Cavazos y antecesor de Eugenio Hernández, ambos perseguidos por la DEA. A ellos siguió Egidio Torre Cantú, recordado por haber sustituido en la candidatura a gobernador a su hermano Rodolfo, asesinado durante la campaña, y por pavimentar a un costo millonario una calle en Reynosa a la que le puso el nombre del fundador del cártel del Golfo, Juan Nepomuceno Guerra.

 

Yarrington Ruvalcaba pasará a la historia por haber tolerado el surgimiento de los Zetas, uno de los grupos criminales más violentos que, tras emanciparse del citado cártel, al cual sirvieron como pistoleros, instauraron un nuevo orden basado en el terror y en un modelo de negocio donde el trasiego de drogas es una actividad no mucho más lucrativa que la trata de personas, la extorsión, el secuestro o el cobro de piso.

 

Javier Duarte, por su parte, se ha convertido en el nuevo paradigma de la corrupción, la prepotencia y la avaricia. Es también el símbolo de un partido que ya no puede permitirse el lujo de encubrir los errores y culpas de los gobernantes emanados de sus filas.

 

Una semana después que Duarte perdiera el fuero, la PGR expidió una orden de aprehensión. Pero su defenestración había comenzado antes, el 24 de agosto, cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT) comenzó auditorías de los bienes del Gobernador, muchos de los cuales estaban a nombre de su secretario de Economía, José Antonio Mansur, quien renunció cinco días más tarde.

 

Las investigaciones del SAT sobre la presunta evasión fiscal del gobernador se hicieron oficiales el 20 de septiembre. Y el 26 de ese mes el PRI despojó de sus derechos partidistas a quien había sido uno de sus políticos modelo. Buscado en los 190 países que tienen acuerdos con la Interpol, Javier Duarte fue capturado en el municipio de Panajachel, en el centro de Guatemala, el sábado 15 de abril de 2017. Es acusado de peculado y corrupción: el desfalco atribuido a su mandato asciende a 16 mil millones de pesos.

 

Varios columnistas habían mencionado la posibilidad de que el ex gobernador se encontrara en esa nación centroamericana. Al final, su paradero resultó tan obvio que cabe pensar que las autoridades aguardaron a revelar su ubicación hasta que fue políticamente conveniente.

 

 

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna se puede leer también en: www.aacb2.com


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