Estación Sufragio: El derecho a ser oído y vencido

Por Adalberto Carvajal
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Riult va tras Lupillo, pero no les será tan fácil como con Cuauhtémoc quitar al alcalde de Tecomán.

Consumada, a menos que la justicia federal la revoque, la destitución que hizo el Congreso local del alcalde de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza, en el ánimo justiciero del furioso (como todos los conversos) diputado panista Riult Rivera, presidente de la Comisión de Responsabilidades, está el presidente municipal de Tecomán, Guadalupe García Negrete.

Rivera, uno de los tres panistas que votaron la remoción de Mendoza Godínez, señaló hace unos días que el caso contra Lupillo “no está concluido”. Y adelantó que en un plazo de 15 días –a partir del momento de la declaración– podría llevarse a cabo el juicio político que, como contra Rafael, tendría que hacerse también en sesión secreta.

Entrevistado por Juan Carlos Flores, el representante del primer distrito local y uno de los cuadros del PAN que se identifica con la corriente de Pedro Peralta Rivas, recordó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) encontró responsable a edil tecomense de haber participado en un evento del entonces candidato a la gubernatura, Jorge Luis Preciado, el 12 de enero de 2016, durante la elección extraordinaria.

La resolución de los magistrados determinó, según Riult, que Lupillo “distrajo sus actividades laborales para acudir a un acto proselitista en el Jardín de la comunidad de Caleras, pues el hecho de que gozara de licencia no convierte el día en inhábil, ya que eso depende de la legislación y la reglamentación correspondiente, mas no de la voluntad del propio servidor público”.

Y, finalmente, dijo que la Sala Especializada ordenó dar vista al Congreso del Estado de Colima con motivo de la responsabilidad del presidente municipal para que en el ámbito de sus atribuciones proceda conforme a derecho.

Para el secretario del Ayuntamiento de Tecomán, Salvador Ochoa Romero: “Es lamentable decir que hay una responsabilidad acreditada del presidente municipal de Tecomán y que hay un delito electoral, sin garantizar un principio de legalidad”.

El funcionario municipal destacó que el legislador es parcial cuando adelanta un juicio político en cuanto la responsabilidad del alcalde tecomense, porque se viola el principio de legalidad de ser oído y vencido en juicio, como lo establecen esos ordenamientos.

“Sería bueno ilustrarle al diputado que México ha asignado varios tratados internacionales a los cuales está obligado de acuerdo a la convencionalidad -que esperamos que sepa que es la convencionalidad- y decirle que una de las garantías judiciales que se establecen es que toda persona se presume inocente mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”.

Ya metido en la pugna interna del Partido Acción Nacional, el secretario de la Comuna dijo que “nosotros vemos una mala intención y una imparcialidad de parte del diputado Riult, esperamos que se rodee de asesores que conozcan la materia jurídica y que le enseñen los criterios de interpretación constitucional que existen porque no hay un delito electoral, como tampoco hay una responsabilidad en la magnitud que él lo está tratando de manifestar”.

Y añadió: “Lo invitamos a que desahoguen pruebas, a que se sigan las instancias correspondientes y en su momento se demostrará todo lo contrario, pero de momento que no se hagan declaraciones de manera parcial porque eso nos demuestra una mala voluntad y una mala intención de su parte”.

Para Ochoa Romero, hay “mala intensión” en el caso que “curiosamente” apresuran los legisladores “Creo que son motivos de tipo político-electoral porque ya viene el 2018, quizás le ven potencial [a Lupillo] por el trabajo que han realizado y ante ese temor tratan de buscar la manera de inhabilitarlos para sacarlos de esa carrera política”.

Cuestionó que haya asuntos que tienen más tiempo en el Congreso y que no se han resuelto, como la participación en la elección extraordinaria del secretario de Desarrollo Social y del entonces procurador, quienes incurrieron en un delito electoral. “Ojalá nos dijera el diputado Riult qué se ha hecho o por qué no se ha hecho nada”.

“¿Por qué razón se pone el acelerador en el asunto de Cuauhtémoc y Tecomán, mientras en otros asuntos que están ahí no se ha puesto mayor empeño en resolverlos?”, preguntó a Riult Rivera. 

Por ejemplo, está el asunto de los diputados de la anterior legislatura que recibieron un bono de 100 mil y 50 mil pesos, indistintamente, por horas extras, “y se hablaba de que iba a haber una sanción, pero la hubo en lo oscurito con una amonestación muy privada que no paso a mayores. ¡Obviamente ellos no tenían futuro electoral!”

Salvador Ochoa Romero sabe de lo que habla. Ha llevado la defensa jurídica de García Negrete desde que el PRI presentó la denuncia. Y aunque finalmente el TEPJF incluyó a Lupillo junto a Rafael Mendoza en la lista de funcionarios con responsabilidad por delitos electorales, a diferencia de los abogados del alcalde de Cuauhtémoc que simplemente dejaron correr los plazos, Ochoa Romero litigó cada una de las fases y logró llevar el proceso hasta la Sala Especializada. En contraste, a Mendoza lo sentenciaron en primera instancia.

Su advertencia de que no se puede adelantar un resultado en el juicio político sin que Lupillo sea oído y vencido, rebela su intención de exhibir todas las potenciales irregularidades en las que el Congreso podría incurrir por querer destituir e inhabilitar a García Negrete por la vía del fast track, como hicieron con Mendoza.

Por lo demás, mientras la carrera política de Rafael Mendoza parecía haber llegado a un callejón sin salida pues ya fue diputado local por Cuauhtémoc (electo con el registro del PRD) y alcalde de ese municipio, siendo su aspiración más viable volver a ser congresista esta vez con los colores del PAN, Lupillo García es un buen prospecto para la candidatura del blanquiazul a la diputación federal por el segundo distrito.

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna se puede leer también en el sitio web de Carvajal Berber

 


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