Carlos Cruz refuta resultados de la auditoría de PwC que lo señalan

Por CN Digital|Jesús Fernando Sandoval Esparza
Publicada el

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*En rueda de prensa, el delegado de la Sedesol sostuvo que la empresa de su hijo obtuvo una licitación mediante un concurso nacional, y no tres como lo señala la empresa que realizó la auditoría externa* 

Con documentos en mano, el delegado de la Sedesol, Carlos Cruz Mendoza, aseguró que no incurrió en conflicto de intereses como lo señaló la empresa PwC en la auditoría especial que mandó a realizar el gobierno del estado encabezado por José Ignacio Peralta Sánchez, por lo que el funcionario federal pidió una aclaración pronta ante los medios de comunicación.

Y es que el pasado jueves el gobierno del estado publicó los resultados de dicha auditoría, en ellos se exhibe que la empresa del hijo de Carlos Cruz, salió beneficiada con tres licitaciones: una   de 9 millones 126 mil pesos, otra de 3 millones 845 mil pesos y otra más de un millón 619 mil pesos, pese a que no tenía capacidad financiera.

Los números de contratos son los siguientes: PROSSAPYS-001/2014, SEIDUR-CDI-004/2014 Y PSP-CDI-002/2014, bajo la modalidad de supuesta licitación pública nacional.

Sin embargo, Carlos Cruz rechazó la información en rueda de prensa, asegurando que su hijo sólo obtuvo una licitación, la cual ganó mediante concurso nacional y no por su parentesco familiar.

“He de mencionar que dicha obra no forma parte del catálogo de acciones de la Sedesol, porque el Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS) pertenece a la Conagua y lo ejecuto el gobierno del estado a través de la SEIDUR, siendo ésta la institución que debe de responder por las adjudicaciones de dichos contratos”, sostuvo Carlos Cruz.

El delegado federal, explicó que “el artículo 8, fracción XII, párrafo segundo de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, señala textualmente lo siguiente: Habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su desempeño imparcial de su empleo cargo o comisión”.

Por ello, consideró que el gobierno del estado debió verificar la información antes de hacerla pública. “Una encuestadora de este nivel no puede hablar de un posible conflicto de intereses. Tiene que asegurar si hay, o no hay conflictos de intereses”.

Finalmente, agregó que no espera respuestas de la empresa PwC, sino de la Contraloría del gobierno estatal, “que es la instancia correspondiente para poder analizar  a detalle todas estas observaciones que hace la empresa”.   


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